La reforma de la jornada laboral volvió al centro del debate político tras un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que complica su trámite en la Asamblea Legislativa. El proyecto busca reducir el límite semanal de 48 a 40 horas en horario diurno y de 36 a 30 horas en jornada nocturna.

La propuesta permitiría que quienes laboran ocho horas al día pasen a trabajar siete, mientras que en turno nocturno se reduciría de seis a cinco horas diarias. El objetivo, según sus impulsores, es mejorar las condiciones laborales y reordenar el tiempo de trabajo sin afectar la continuidad de los servicios.

Recurso externo: Ver video completo en YouTube

El criterio de la Corte cambia la regla política

El giro en el trámite se produjo cuando los magistrados concluyeron que la modificación de la jornada incide en el funcionamiento y organización interna del Poder Judicial. Bajo el artículo 167 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto implica que la iniciativa requerirá mayoría calificada —38 votos— para su aprobación.

El magistrado Porfirio Sánchez advirtió que la reducción horaria podría generar mayores costos para el Estado, particularmente por el uso recurrente de horas extraordinarias para garantizar la prestación continua de servicios.

Según explicó, la jornada extraordinaria es una figura excepcional y su aplicación sistemática implicaría una erogación adicional de recursos públicos.

Impacto fiscal y debate laboral

La discusión dejó de ser exclusivamente laboral para convertirse también en un tema presupuestario. Reducir la jornada sin ajustar estructuras podría obligar a compensar la disminución con horas extra, lo que incrementaría el gasto estatal.

Los promotores del proyecto sostienen que la reforma moderniza el modelo laboral y se alinea con tendencias internacionales que priorizan productividad y bienestar. No obstante, el señalamiento de la Corte introduce un elemento técnico que eleva el umbral político necesario para su aprobación.

El pulso por los 38 votos

Actualmente la iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales. Sus impulsores deberán construir los 38 votos requeridos en el plenario, una tarea que obliga a negociar con fracciones que podrían exigir ajustes o garantías fiscales.

El debate sobre la jornada refleja un dilema estructural: cómo equilibrar mejores condiciones laborales con sostenibilidad financiera y respeto a la autonomía institucional. El desenlace dependerá no solo de la aritmética legislativa, sino del margen real de consenso político.

Fuente externa: Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Lea más análisis políticos en adasinfiltros.com, da Click ACÁ.