La comisión especial de reformas al sistema político y electoral dictaminó dos proyectos de ley orientados a endurecer y clarificar las reglas contra la beligerancia política en Costa Rica. El objetivo central es cerrar vacíos que, a criterio de sus proponentes, han permitido ingerencias desde el Poder Ejecutivo en procesos electorales recientes y han complicado la aplicación de sanciones por conceptos amplios o indefinidos.

La discusión legislativa se enmarca en un clima de alta tensión institucional, marcado por la apertura de expedientes por presunta beligerancia y por el antecedente de actuaciones que llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a solicitar el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República para continuar una investigación que se mantiene activa en sede electoral.

Qué cambia con la reforma contra la beligerancia

El primer proyecto dictaminado busca extender la prohibición a todo el periodo en que la persona ejerce el cargo, no únicamente al tramo final del ciclo electoral. Además, pretende asegurar un articulado más preciso para que expresiones, manifestaciones o conductas —directas o indirectas— realizadas desde la condición de funcionario y utilizando medios institucionales queden claramente prohibidas cuando tengan como finalidad influir en la voluntad electoral.

En términos prácticos, el texto apunta a reducir la discrecionalidad interpretativa. Para ello, incorpora observaciones emitidas en el proceso de consulta por el propio TSE, por la Escuela de Ciencias Políticas y por otras instancias consultadas, según se explicó en el trámite legislativo. La idea es evitar que los conceptos queden “demasiado amplios” y terminen dificultando la sanción de conductas que atentan contra el principio de neutralidad política.

Prohibición absoluta para jerarcas y personal de confianza

El segundo proyecto dictaminado refuerza una línea más estricta: la prohibición absoluta para altos jerarcas de realizar cualquier conducta activa u omisiva que beneficie o perjudique a un partido político, o que suponga parcialidad política o participación electoral.

El alcance, según el detalle expuesto, incluiría personal de confianza de Casa Presidencial, jefaturas de despacho y funcionarios de medios de comunicación estatales, entre otras categorías. En el diseño de la reforma, una característica clave es que la prohibición no se limita al horario laboral: aplica durante todo el tiempo en que se ejerce el cargo, precisamente para cerrar el margen de argumentar que la conducta se dio “fuera de jornada”.

Los proponentes sostienen que este candado responde a una realidad política reciente: la beligerancia ya no se expresa únicamente en actos formales o en eventos oficiales, sino también en mensajes y actuaciones que pueden amplificarse por canales institucionales o por la investidura del cargo, incluso si se intentan presentar como opiniones personales.

Contraloría con más margen y casos que detonaron el debate

Dentro del paquete dictaminado, también se plantea que la Contraloría General de la República pueda abrir investigaciones de oficio cuando el TSE haya declarado que existe presunto uso de recursos públicos para beneficiar candidaturas o personas que ya hayan manifestado públicamente su interés de competir por un cargo.

Este punto introduce una señal de coordinación interinstitucional con efectos políticos relevantes: si el órgano electoral fija un criterio sobre un presunto uso de recursos públicos con finalidad electoral, la Contraloría tendría la puerta abierta para actuar sin esperar una gestión adicional, fortaleciendo la trazabilidad y los controles sobre el aparato estatal en épocas sensibles.

El contexto político que rodea la discusión incluye expedientes por beligerancia asociados a figuras de alto perfil. Se mencionó, como uno de los casos más particulares, el del presidente Rodrigo Chaves, quien acumuló 26 denuncias por beligerancia política distribuidas en diversos expedientes e interpuestas en su mayoría por personas vinculadas a la dinámica político-electoral.

Para los impulsores, ese tipo de antecedentes evidenciaría que el marco vigente enfrenta problemas para aterrizar conductas y sanciones con claridad. Para sus críticos, el riesgo es que un endurecimiento excesivo termine ampliando la judicialización de la política y eleve el conflicto entre poderes, especialmente si se interpreta como reacción a disputas específicas del proceso que recién culminó.

Con los proyectos ya dictaminados, el paso siguiente será medir el respaldo en el Plenario y anticipar si el texto final logra el equilibrio que promete: reglas más claras para proteger la neutralidad del Estado sin convertir la competencia electoral en un campo permanente de litigio político-institucional.

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Fuente externa: Asamblea Legislativa / TSE / Contraloría General de la República

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