¿Declaratoria de emergencia nacional en seguridad?

Con el inicio del periodo político electoral, los 20 candidatos presidenciales comparten con la población sus propuestas ante un eventual gobierno, entre ellas el tema de seguridad.

Diversos estudios y encuestas, entre ellos el Estado de la Nación, el CIEP y el IDESPO, así como mediciones de corte político-electoral, coinciden en señalar un tema como prioridad para la ciudadanía: la seguridad. Precisamente, este ha sido uno de los asuntos más recurrentes en el discurso de los aspirantes a la Presidencia, quienes lo colocan como eje central de sus propuestas.

En este contexto, se ha evidenciado un choque de posiciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Desde el Judicial se argumenta que la Fuerza Pública cumple un rol preventivo, mientras que el Ejecutivo sostiene que, cuando los delincuentes son detenidos, en cuestión de horas quedan en libertad. Una dinámica que el propio Gobierno ha calificado como un “juego del gato y el ratón” que no tiene fin.

Las propuestas de los candidatos en seguridad

Algunos aspirantes, como Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), Fabricio Alvarado de Nueva República y Wálter Hernández del partido Justicia Social Costarricense, han planteado la posibilidad de declarar emergencia nacional la situación de inseguridad que atraviesa el país.

El objetivo de esta propuesta sería permitir, mediante decreto ejecutivo, el acceso a mecanismos presupuestarios más ágiles y procesos administrativos acelerados para atender la crisis.

No obstante, para aplicar una declaratoria de emergencia es necesario ajustarse a los principios establecidos en la Ley N.º 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, lo que podría abrir un debate jurídico sobre si esta normativa es aplicable a una crisis de criminalidad.

Históricamente, dicha ley se ha utilizado para enfrentar desastres naturales, pandemias y ciberataques, pero hasta la fecha no se ha implementado para atender problemas de inseguridad ciudadana, aunque estos también requieren una respuesta rápida y efectiva del Estado.

Durante la actual administración de Rodrigo Chaves Robles, desde la Asamblea Legislativa se planteó la posibilidad de declarar emergencia nacional por la situación de inseguridad que vive el país. Sin embargo, la propuesta fue rechazada desde Casa Presidencial.

En ese momento, el mandatario expresó:

«Los diputados, no sé si por error o si están inducidos al error, quieren confundir las cosas. Hay gente que dice que tenemos que declarar emergencia nacional por el crimen como si eso fuera a crear un estado de excepción, tipo El Salvador, y esos son dos animales totalmente diferentes.

Una declaratoria de emergencia nacional permite dos cosas nada más: que el fondo de emergencias del país pague por los gastos relacionados con la atención de la emergencia y procesos de licitación abreviados, punto final».

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Lo cierto es que, con base en los antecedentes y el marco legal vigente, la propuesta de declarar emergencia nacional por seguridad genera diferentes interpretaciones.

De llegar a concretarse en una futura administración, requeriría amplios consensos políticos y posiblemente ajustes a la actual Ley 8488 para definir con mayor claridad su aplicación en crisis de criminalidad.

Sin duda la situación de seguridad es uno de los principales retos la próxima administración.