Referéndum: la polémica que sigue sin camino a las urnas

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se debatió la situación de cinco solicitudes de referéndum que continúan en trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones, sin que ninguna haya conseguido “el camino despejado hacia las urnas”. El relato, presentado por la periodista Adalie Aguirre y el abogado constitucionalista Fernando Zamora, muestra un panorama de trámites pendientes, presupuestos limitados y una incertidumbre que mantiene a la iniciativa en el plano de la intención.

Trámites y requisitos pendientes de las cinco solicitudes

El informe indica que cada una de las cinco propuestas “arrastran pasos previos pendientes: formularios, planes de recolección, análisis técnicos o controles de constitucionalidad y presupuesto”. Entre los temas que persiguen están la exploración y extracción de petróleo y gas, la apertura de la exclusividad de RECOPE para importar, refinar y vender combustibles, la inclusión de trabajadores y usuarios del consejo directivo de RECOPE, una reforma del Instituto Costarricense de Electricidad, cambios en la legislación laboral (jornadas, licencias, estabilidad y pensiones complementarias) y la autorización al ISE para ejecutar proyectos viales.

Presupuesto 2027 y su impacto en los comicios municipales

El video señala que la presupuestación para 2027 asciende a “aproximadamente 58 500 millones de colones”, cifra que incluye la contribución del Estado a los partidos políticos y que “es el monto con el que debe operarse en 2027”. Un presupuesto distinto, advierten, “llevaría a comprometer la exitosa celebración de los comicios municipales 2028”. Se destaca que “alrededor del 45 % de los gastos de los comicios locales se llevan a cabo en 2027”, lo que subraya la presión fiscal que enfrenta el Tribunal Supremo de Elecciones.

Reducción presupuestaria del Tribunal y la necesidad de un presupuesto extraordinario

El propio Tribunal Supremo de Elecciones “redujo 1 959 millones de su presupuesto de este año al considerar que no habría referéndum en el corto plazo” y, recientemente, “aprobó devolver 6 825 millones al Ministerio de Hacienda”. Ante esta disminución, el relato explica que “la Asamblea Legislativa habrá de aprobar un presupuesto extraordinario para esos referéndum”. Sin embargo, la normativa establece que “entre los requisitos y procesos del referéndum no aplica para presupuestos impuestos, pensiones o seguridad”. Además, la vía de iniciativa ciudadana requiere “el 5 % del padrón y se tienen 9 meses para recolectar las firmas”.

En conclusión, la situación descrita por Adalie Aguirre y Fernando Zamora muestra que “tener una solicitud abierta no significa tener un referéndum cerca”. La falta de respaldo ciudadano, viabilidad jurídica y recursos organizativos convierte a los cinco expedientes en “una intención, no una cita con las urnas”. Para seguir informados sobre este y otros temas de Actualidad de Ada Sin Filtros, manténgase atento a nuestras próximas publicaciones.

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