La polémica de la nómina en la Asamblea Legislativa de Costa Rica

En una sesión de la Asamblea Legislativa, la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia volvió a ser el centro del debate. La diputada Yara Jiménez Fallas, perteneciente al Partido Pueblo Soberano, cuestionó la obligación de los legisladores de aprobar una lista que, según ellos, “siempre van a rechazar”. El magistrado Orlando Aguirre respondió con una interpretación literal de la Constitución, señalando que el proceso está claramente definido.

El planteamiento de la diputada Yara Jiménez sobre la obligatoriedad de la nómina

Yara Jiménez Fallas abrió la discusión diciendo: “¿Por qué nos hacen seguir botando por una nómina que siempre van a rechazar en la Asamblea?”. Aseguró que los diputados, elegidos por los costarricenses, no deberían estar “obligados a que nos gusten” las personas incluidas en la lista. “Tenemos nuestras razones, nuestras justificaciones, que no necesariamente les van a gustar a ustedes”, afirmó la diputada, subrayando la discrecionalidad que, a su entender, les corresponde a los legisladores.

Respuesta del magistrado Orlando Aguirre sobre la competencia constitucional

El magistrado Orlando Aguirre explicó el marco constitucional que regula el proceso. Declaró: “La Constitución le da a la Corte una competencia de elaborar una nómina y le da a la Asamblea una competencia de nombrar con base en esa nómina”. Añadió que “la letra de la Constitución es bien clara: la Asamblea Legislativa nombrará de la lista que le envíe la Corte Suprema de Justicia”. Aguirre sostuvo que, aunque los diputados puedan “no estar de acuerdo” con la lista, el procedimiento constitucional no permite que se niegue el voto: “Tenemos que votarla infinitamente, una y otra vez”.

El debate sobre la responsabilidad y el cumplimiento de competencias

El intercambio continuó con preguntas sobre la responsabilidad del proceso. Aguirre indicó que “las competencias están claramente establecidas y el ejercicio de las competencias es responsabilidad de cada uno de los poderes”. Señaló que cuando la Asamblea devuelve una lista, “la Corte es la que ha conocido esas resoluciones y se ha pronunciado admitiendo o no admitiendo”. Por su parte, Jiménez replicó: “Si nosotros no elegimos, no estamos obligados a que nos gusten”. La diputada enfatizó que la Asamblea tiene “potestad discrecional de poder decidir si nos parece o no esa nómina”.

En el transcurso de la sesión, se mencionó que “algunas magistradas lo señalaron en algunas resoluciones, en algunos votos, lo dijeron de forma expresa que ellas consideraban que esto podría generar una parálisis al Estado costarricense”. Estas observaciones fueron citadas por Aguirre para reforzar la idea de que la Corte ya ha emitido pronunciamientos que deben ser respetados por la Asamblea.

El magistrado concluyó que cualquier pronunciamiento que emita la Asamblea “debe ir a la Corte y la Corte es la que tiene que resolver”. Jiménez, sin embargo, mantuvo su postura de que la obligación de aceptar la lista no es automática y que los legisladores pueden y deben justificar su rechazo.

Este intercambio refleja la tensión entre la interpretación estricta de la Constitución y la percepción de los diputados sobre su autonomía para decidir. La discusión quedó abierta, sin que se alcanzara un consenso definitivo sobre si la Asamblea está “obligada” a aprobar la Actualidad de Ada Sin Filtros o si puede ejercer un veto fundamentado.

Con información para Ada Sin Filtros: Ada Sin Filtros