¿Cuántos magistrados están en la trampa? 4 jueces con nombramientos vencidos siguen en funciones

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, calificó como un golpe de Estado la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes y obligó al Congreso a retomar la nómina existente. La declaración, emitida en el marco de una sesión legislativa, encendió las alarmas sobre la continuidad de cuatro magistrados con nombramientos vencidos que aún permanecen en funciones. La mandataria fue contundente al afirmar que se trata de «ni más ni menos que un golpe de estado de un sector del poder judicial contra la Asamblea Legislativa».

La polémica se centra en la decisión del tribunal constitucional, que según Fernández Delgado, impide que la Asamblea Legislativa solicite una nueva lista de candidatos y permite que magistrados con el nombramiento vencido atiendan asuntos urgentes mientras se completa la elección. La presidenta señaló que «los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorga poderes que ni la Constitución política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional». En su intervención, citó el artículo 164 de la Constitución, que establece que «solo la ley podrá señalar el plazo del ejercicio y las condiciones para magistrados propietarios y para magistrados suplentes».

La querella por prevaricato contra los magistrados señalados

La mandataria anunció que el próximo lunes su fracción interpondrá una querella por prevaricato contra los magistrados que, según ella, excedieron sus competencias. En sus palabras, «es testigo el pueblo también que el artículo 158 le da la facultad a la Asamblea Legislativa de nombrar a estos magistrados por terceras partes de la totalidad y no por cuatro magistrados golpistas de la Sala Constitucional». Los señalados por la presidenta son Laura Fernández Delgado Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Edgardo Araya Sibaja García, este último del Partido Frente Amplio, según los datos verificados.

La decisión de la Sala Constitucional ha generado un nuevo choque entre los poderes del Estado. Mientras el oficialismo sostiene que la Sala excedió sus atribuciones, otros sectores defienden la continuidad del servicio de justicia. La presidenta insistió en que la resolución es una ruptura del orden constitucional, aunque desde la oposición y algunos analistas se ha cuestionado esa caracterización.

Las reacciones de la oposición y el llamado a la institucionalidad

La oposición expresó su disconformidad tras las declaraciones del oficialismo. La diputada Yara Jiménez Fallas, del Partido Pueblo Soberano, fue una de las voces que rechazó la acusación de golpe de Estado. En su intervención, señaló: «Las pavas tirándole las escopetas ¿Cómo va a hablar el gobierno de un golpe de estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear el poder judicial? Lo que la sala ha hecho es devolverle a los ciudadanos el acceso a esa justicia».

Por su parte, el diputado José María Villalta Flórez-Estrada, del Partido Frente Amplio, también se pronunció en contra de la narrativa oficialista. «Un golpe de Estado es una ruptura ilegítima del orden constitucional. En el caso que nos ocupa, en la resolución que dictó la sala el día de ayer, de lo que se trata es totalmente lo contrario. Se trata de restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional», afirmó. Villalta hizo un llamado directo a la presidenta: «Señora Laura Fernández Delgado, unamos a la familia costarricense. Es tiempo de paz, es tiempo de luz, no de confrontación».

El diputado Álvaro Ramírez Bogantes, del Partido Liberación Nacional, también cuestionó el uso del término «golpista». Según su análisis, «desde el punto de vista político, el uso de términos como golpista no se había utilizado desde los poderes de la República en esta era». Ramírez instó a atender los asuntos de fondo y los procedimientos legislativos para la aprobación de temas trascendentales del país, y sugirió «ir eliminando esa narrativa, esos discursos tan contraproducentes de golpes de Estado, de dictaduras, de golpistas, definitivamente yo creo que no reflejan el sentir institucional del país».

El diputado Edgardo Araya Sibaja, del Partido Frente Amplio, fue aún más directo al desmentir la existencia de un golpe de Estado. «Y aquí no han ni dado, ni han destituido a la presidenta Laura Fernández Delgado, ni han desbloqueado y destituido al Congreso de la República. Entonces no hay ningún golpe de Estado, ni siquiera hay una ruptura del Estado de Derecho», sostuvo. Araya advirtió que la fracción de Pueblo Soberano podría estar utilizando esta «falacia de golpe de Estado» como una oportunidad para «paralizar el Estado de Derecho en Costa Rica y paralizar el Estado de Derecho en Costa Rica».

El debate en la Asamblea Legislativa refleja una profunda división en torno a la interpretación de la resolución de la Sala Constitucional. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de una intromisión ilegítima, la oposición y algunos analistas defienden la medida como un acto para garantizar la continuidad del servicio de justicia. La querella por prevaricato que presentará el oficialismo la próxima semana será el siguiente capítulo de este enfrentamiento institucional que mantiene en vilo al país.

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