La suspensión Randall Zúñiga ya supera los cien días y dejó de ser un trámite disciplinario para convertirse en un punto de fricción entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantiene separado del cargo como medida cautelar mientras avanza un proceso en la Inspección Judicial, pero la extensión del plazo y el ritmo de la investigación han generado cuestionamientos públicos.

El caso escaló incluso hasta Casa Presidencial, donde el presidente Rodrigo Chaves lanzó críticas directas contra la decisión de ampliar la suspensión con goce de salario. Desde el Ejecutivo se ha señalado que tres meses no fueron suficientes para esclarecer hechos que —según su criterio— resultan evidentes.

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Suspensión Randall Zúñiga divide a la Corte Plena

En Corte Plena, los magistrados acordaron mantener la suspensión como medida cautelar. Sin embargo, la votación evidenció diferencias internas: trece magistrados respaldaron una prórroga de tres meses, mientras que ocho consideraron que el plazo debía limitarse a un mes adicional.

La medida busca evitar cualquier interferencia en el curso de la investigación disciplinaria. No obstante, el hecho de que la suspensión se mantenga con goce salarial ha alimentado el debate político y mediático en torno a la gestión del caso.

Entre los señalamientos que se investigan figuran presuntas irregularidades vinculadas a divulgación de información y otras denuncias de carácter disciplinario. El expediente continúa en trámite ante la Inspección Judicial.

Riesgo procesal en la suspensión Randall Zúñiga

El caso no solo enfrenta presión política, sino también desafíos técnicos. Juristas han advertido que el delito de divulgación de secretos, contemplado en el Código Penal, podría prescribir si no se actúa con celeridad. En materia disciplinaria, la inactividad procesal por seis meses podría generar consecuencias jurídicas similares.

Esto significa que la suspensión Randall Zúñiga no solo depende de una valoración política o institucional, sino de plazos estrictos que deben cumplirse para evitar eventuales nulidades o prescripciones.

El señalamiento es claro: si no se fija con prontitud una audiencia oral y privada dentro del proceso disciplinario, la defensa podría alegar inactividad procesal. En ese escenario, el desenlace del caso podría cambiar sustancialmente.

Suspensión Randall Zúñiga en el centro del pulso político

Más allá del expediente, el caso se ha convertido en un símbolo del choque entre poderes. El presidente Chaves ha insinuado que sectores dentro del Poder Judicial buscan “patear la bola” hasta el final del actual mandato, mientras que desde la Corte se insiste en la necesidad de garantizar el debido proceso.

La discusión también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno del Poder Judicial y la duración de las medidas cautelares cuando se trata de altos jerarcas.

Con más de cien días acumulados, la suspensión Randall Zúñiga se mantiene como un expediente abierto, tanto en el plano jurídico como en el político. La decisión final dependerá no solo de la investigación en curso, sino del manejo institucional de los tiempos procesales.

Fuente externa: Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

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