¿Solución real? Proyecto de Chaves flexibiliza tasas, pero choca con diputados

La iniciativa del gobierno para modificar la ley de usura ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa. El proyecto de Chaves flexibiliza tasas de interés máximas para las entidades financieras, bajo la premisa de que los límites actuales dejaron a una parte de la población fuera del sistema formal y la empujaron hacia los préstamos conocidos como «gota a gota». Sin embargo, la propuesta enfrenta el rechazo de varios diputados que cuestionan tanto su origen como su efectividad real para resolver el problema de fondo.

Durante la discusión en el plenario, uno de los legisladores fue particularmente duro al referirse a la normativa vigente. «Diputados, esta herencia abominable de Huelme Ramos del PAC, porque hay que decir las cosas, yo por eso es que después le caigo mal a algunos», expresó, para luego agregar: «Ese horror que ocasionó que centenares de familias buenas no puedan tener acceso al crédito formal». La intervención cerró con una frase coloquial: «Como dicen en Esparza, trataron de hacer una gracia y se jalaron un sapo».

Ramos rechaza la relación entre el tope de intereses y el crecimiento del gota a gota

Frente a esas acusaciones, la inserción de Welmer Ramos salió al paso para defender la ley vigente. Ramos rechaza que poner un tope a los intereses haya provocado el crecimiento de los préstamos informales y cuestiona el diagnóstico del Ejecutivo. «Están tratando de convencer a la presidenta de que se modifique la tasa. El gota a gota no es consecuencia de ponerle tope a las tasas de interés, es consecuencia de los créditos irresponsables que otorga cierta parte del sistema financiero que está manchando los récords crediticios de la gente, dándole dinero a quien no puede pagar», afirmó.

Las cifras presentadas durante la sesión respaldan la magnitud del fenómeno. Según los datos expuestos, las denuncias presentadas al Organismo de Investigación Judicial por préstamos gota a gota durante el año pasado sumaron 1.009 en todo el país. Solo en San José se registraron 568 denuncias, seguidas por Cartago con 211, Alajuela con 104, Heredia con 84, Puntarenas con 22, Limón con 12 y Guanacaste con 8. Estas estadísticas evidencian una concentración del problema en la Gran Área Metropolitana, aunque el fenómeno se extiende a todas las provincias.

El proyecto actual podría ayudar a reducir los casos de gota a gota porque lo que busca es flexibilizar las tasas de interés máximas que cobran las entidades financieras. La lógica del Ejecutivo parte de un diagnóstico claro: «Dicho en criollo, hoy existe una tasa de interés máxima, excluyendo los microcréditos, que cobran las entidades financieras. Lo que busca el gobierno es que cada segmento de crédito tenga tasas de interés distintas porque partimos de la premisa de que mucha gente queda excluida porque las entidades financieras no quieren prestarles, no quieren asumir riesgos altos dada la tasa de interés».

El análisis de los expertos: una solución parcial con riesgos y beneficios

El economista Javier Adelfang ofreció una lectura matizada de la iniciativa. Según su análisis, «con este proyecto podemos inferir que al permitir que haya tasas máximas mayores en distintos segmentos, las entidades financieras tendrían mayor disposición a prestarle a este tipo de clientes». No obstante, advirtió sobre las limitaciones de la medida: «Ahora bien, mientras no se combata el trabajo informal y no haya mayor educación financiera, es muy probable que este proyecto por sí solo no mejore realmente las condiciones que tenemos con el tema del gota a gota».

Por su parte, la inserción de Brayan Sandí, experto en seguridad, coincidió en que la propuesta del Ejecutivo plantea una solución, pero no completa. «El proyecto presentado por el actual gobierno lo que hace es revertir lo que hizo la ley del 2020. Vuelve a permitir a prestamistas privados asumir el riesgo de préstamos, valga la redundancia, con poca posibilidad de retorno, a cambio de una tasa de usura muy alta», explicó.

Sin embargo, Sandí rescató un aspecto positivo de la iniciativa: «Nadie dice que la tasa que va a aprobar su jefe mediante su reglamento va a ser de un 70, un 80, un 90%, sino que el proyecto de ley establece que las tasas de interés altas o bajas que van a estar reguladas por su jefe no podrán pasar un porcentaje máximo. Y eso es una gran ventaja ya que permite que muchos ciudadanos vuelvan otra vez al mercado formal a poder accesar microcréditos de producción o de subsistencia sin tener mayores garantías».

No obstante, el experto lanzó una advertencia contundente: «Pero de nada vale este proyecto de ley que permite a los prestamistas formales volver a prestarle al ciudadano costarricense si todavía se mantiene la estúpida ley de puntos». Esta referencia a la normativa crediticia vigente añade una capa adicional de complejidad al debate, pues sugiere que la reforma a la ley de usura podría resultar insuficiente si no se acompañan cambios en otras regulaciones del sistema financiero.

De momento, la propuesta apenas da sus primeros pasos en el corriente legislativo y necesita al menos 29 votos para ser aprobada como ley de la República. El camino hacia su aprobación se presenta incierto, con un Ejecutivo que insiste en la necesidad de flexibilizar las tasas y un grupo de diputados que desconfía de los efectos reales de la medida. La discusión sobre cómo combatir el gota a gota sin dejar de proteger a los consumidores financieros sigue abierta, y el desenlace dependerá de la capacidad de las fracciones para alcanzar acuerdos en un tema que toca fibras sensibles de la economía familiar costarricense. Para seguir al tanto de esta y otras discusiones en la Asamblea Legislativa, puede consultar la sección de Actualidad de Ada Sin Filtros.

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