Juicio contra el rector de la UCR pospuesto hasta 2027

El juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, quedó aplazado hasta el año 2027 luego de que la Procuraduría, parte querellante, solicitara un cambio de señalamiento por un choque de agenda. Según la transcripción de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía está inmersa en otro proceso que aún no ha concluido y que incluye a una persona privada de libertad, lo que imposibilitó la realización del procedimiento en el calendario previsto.

La defensa insiste en la inexistencia de delito

Gerardo Huertas, abogado defensor del rector, manifestó que “siempre hemos indicado no existe delito alguno dentro de lo que se acusó” y subrayó el interés de la defensa por que el proceso se lleve a cabo lo antes posible para “ventilar toda esa prueba”. Huertas agregó que la defensa “ha sido la más interesada en que se pudiera hacer ese juicio cuanto antes”.

Propuesta legislativa para acelerar la justicia penal

En medio del aplazamiento, la Corte Plena impulsó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal (ley 24.193) con el objetivo de lograr una justicia más rápida y eficiente. La iniciativa plantea mayores derechos para las víctimas y cambios en las reglas cuando hay inasistencia o agenda llena en la defensa privada. Según la exposición, el proyecto busca “reducir tiempos de espera, realizar más juicios, cambios por inasistencias y mayor celeridad judicial”.

Sin embargo, la propuesta no incluye una previsión presupuestaria que aumente el número de fiscales, defensores y procuradores penales necesarios para atender el mayor número de audiencias que se generaría. Como señaló la ponente, “la operatividad quedaría en entredicho porque se debe necesariamente contar con esos actores procesales”. Por el momento, el proyecto se mantiene en corriente legislativo a la espera de ser asignado a una comisión.

Posiciones de los actores institucionales

Adelie Aguirre, periodista que cubrió la sesión, informó que “el caso fue trasladado para 2027, luego de una solicitud de la Procuraduría y se convierte en un ejemplo más de los procesos que quedan en espera por meses e incluso años”. Por su parte, Adriana Orocu, presidenta de la ACOJUD, reiteró la necesidad de que el sistema judicial cuente con los recursos humanos y materiales adecuados para evitar demoras como la que afecta al caso del rector.

Edgardo Araya Sibaja, diputado del Frente Amplio, expresó su preocupación por la dilación del proceso y la falta de claridad en la agenda de la Procuraduría, aunque no ofreció una posición política específica sobre el caso.

El aplazamiento del juicio ha generado un debate sobre la eficiencia del sistema judicial costarricense y la urgencia de reformas estructurales que permitan una respuesta más ágil a los casos penales de alto perfil.

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