¿Qué impacto tendrá el recorte en la protección de testigos y la persecución del crimen organizado?

En una exposición, el Fiscal General Carlo Díaz describió cómo el recorte presupuestario afectará directamente al Ministerio Público y, por ende, a las víctimas de delitos graves. Según sus palabras, la medida provocará “una afectación directa que se traduce sobre todo en, o que se le va a cobrar en este caso a las víctimas”.

Imposibilidad de contratar peritajes y traducciones oficiales

El Fiscal General explicó que, a partir de ahora, “no vamos a poder, por ejemplo, contratar dictámenes periciales”. Ante la falta de recursos, las víctimas deberán asumir los costos de los peritajes, que él calificó de “bastante cuantiosos”. Además, advirtió que “no vamos a tener traducciones oficiales de documentos”, lo que impactará casos de crimen organizado y narcotráfico que requieren cooperación internacional. Sin traducciones, los informes provenientes de otros países “van a quedar varados” y retrasarán las investigaciones.

Recorte y restricciones para víctimas indígenas y de escasos recursos

Carlo Díaz señaló que la falta de fondos impedirá traducir documentos al idioma de personas indígenas, limitando “todos los procesos penales donde hay una víctima indígena”. Asimismo, se eliminarán los gastos de transporte y alimentación para víctimas vulnerables, lo que afectará su participación en audiencias y juicios. El fiscal también recordó que “no vamos a poder colaborar con la alimentación de estas personas durante las diligencias” y que se suspenderá la entrega de ropa de segunda mano a víctimas de violación, entre otras ayudas.

Recorte traerá Deterioro de la infraestructura y la operatividad institucional

Más allá de la atención a las víctimas, el discurso de Díaz incluyó la imposibilidad de mantener y reparar edificios, equipos de cómputo y comunicaciones, y de adquirir licencias tecnológicas. “Muchas de nuestras oficinas están en condiciones deplorables” y “no vamos a poder remodelar espacios para reducir el hacinamiento”. Estas carencias, según el Fiscal General, “afectan a la transparencia y sobre todo la confianza” en el sistema judicial.

En conclusión, el Fiscal General Carlo Díaz advirtió que el recorte provocará “un retraso en las investigaciones”, aumentará los tiempos de investigación y limitará la persecución penal de casos complejos como narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción y legitimación de capitales. El recorte también reducirá la protección de derechos de víctimas y testigos, y disminuirá los recursos para viáticos, combustibles y acciones operativas, generando un “riesgo de deterioro institucional”.

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